Las indignadas mexicanas / En opinión de José Buendía Hegewisch

Las indignadas mexicanas no se desmovilizarán. El movimiento de mujeres que irrumpió en la arena pública se mantendrá porque la protesta visibilizó su hartazgo por el fracaso de las políticas contra la violencia de género de los últimos dos gobiernos. Desde la aprobación en 2007 de la Ley General de Acceso de la Mujer a una vida sin violencia, el homicidio no ha hecho más que aumentar y avanzar en el espacio público hasta alcanzar dimensiones de crisis nacional. Tan sólo desde las últimas manifestaciones han sido asesinadas 17 mujeres.

La violencia contra ellas salió de las casas hace una década para extenderse a las calles, transporte público, trabajos y los parques, lo que parece razón suficiente para que no regresen al ámbito privado, como quisieran autoridades, sin respuestas para atender, prevenir y castigar. Más la revisión de lo que no ha funcionado, es oportunidad para un gobierno como el de López Obrador que sostiene su narrativa de transformación sobre la crítica al pasado. El fracaso de las políticas de justicia y seguridad contra la agresión y el feminicidio justifica distinguirse de sus antecesores, pero entre las feministas creen que el tema no es importante en la agenda presidencial.

Los datos fríos son suficientes para explicar su ira. La tasa de homicidios saltó hasta 5.2 mujeres por cada 100,000 habitantes en 2017 y en lo que va de este año se cuentan más de 1800 feminicidios. La violencia se extendió del ámbito familiar al público y el fenómeno mutó junto con la crisis de seguridad, la militarización y la “guerra contra el narco” en una década, como da pistas el estudio Claves para entender y prevenirlos asesinatos de mujeres en México. Al tiempo que sólo 11% de denuncias de violación se investiga y de éstas menos de 2% alcanza sentencia. Además, el fracaso de medidas como las alertas de género llevan a su desesperación, junto con el recorte presupuestal a políticas de género como a las guarderías o refugios.

A pesar de datos abrumadores sobre el disparo de agresiones y feminicidios desde 2007, la respuesta presidencial a las manifestaciones fue priorizar el reproche a actos de vandalismo sobre el reconocimiento de la amplitud de la crisis de seguridad y violencia de género. Y en el caso del gobierno de la Ciudad de México, la falta de una condena clara a las denuncias contra cuatro policías por presunta violación de una menor en Azcapotzalco.

Pero es difícil que la reconvención oficial haga mella a la empatía de la opinión pública hacia su movimiento, que se alimenta del hartazgo por la espiral de violencia y la impunidad de las agresiones. La violencia como método de reclamo no es justificable en ningún caso, pero las pintas en edificios públicos tampoco pueden distraer del fondo de la problemática y de la necesidad de llamar la atención ante la falta de respuestas. Prueba de ello, el cambio de discurso de Claudia Sheinbaum y la apertura del diálogo con las organizaciones para explorar nuevas medidas contra la violencia de género.

La visibilización de la protesta confirma al movimiento feminista la oportunidad de moverse en una doble estrategia: sentarse con las autoridades para analizar los expedientes de casos de violaciones de policías y medidas para evitar que se repitan, como parte de una agenda amplia, que incluye garantías de seguridad para activistas y, al mismo tiempo, sostener la movilización para supervisar el cumplimiento de acuerdos y resultados.

El tema de fondo es abrir una nueva visión sobre el cambio del fenómeno de la violencia de género en el espacio público, para generar nuevas políticas adecuadas a las circunstancias. Hace una década, las agresiones contra mujeres se registraban en el ámbito familiar, pero hoy se concentran en el espacio público. Esta transformación del fenómeno exige nuevas respuestas de política pública que comiencen a responder ¿Por qué se matan más mujeres a medida que hay más armas en la calle? ¿Cómo impacta la militarización de la seguridad pública en el aumento de la violencia de género? ¿Cuál la responsabilidad de policías estatales y municipales en ello?

 

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